Cuarteto contra la pobreza en Perú
http://www.elcorreo.com - 11/06/2011.- Tienen varios ríos pero carecen de agua. En la provincia andina de Acobamba miran ahora esperanzados al "último invento" de la cooperación española: asociarse con empresas y ONGs españolas, y también con autoridades locales, para paliar la falta de agua y la pobreza en las regiones peruanas.
La provincia acobambina, ubicada en la región de Huancavelica, la más pobre de Perú, la conforman ocho distritos, de los que cuatro recibirán los codiciados 9 millones de dólares de este proyecto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) junto con importantes empresas privadas españolas.
Las autoridades locales también pondrán económicamente su parte (1,8 millones) y deberán ponerse de acuerdo con las ONGs y empresas españolas para hacer realidad el ambicioso programa de desarrollo territorial, que estará supervisado, además, por AECID.
La pobreza de la provincia, donde el 67 % de su población no tiene cubiertas las necesidades básicas, se hace evidente en las fachadas agrietadas y descoloridas, pero también en caminos pedregosos que convierten en una odisea la llegada a los distritos.
Pese a estar bañada por varios ríos, la provincia, que está a más de 3.000 metros de altitud, acusa un importante déficit de agua, que tan sólo unos pocos privilegiados han logrado paliar parcialmente con la colocación de rudimentarios reservorios en las laderas multicolores.
Castigada por la violencia en la década de los 80, la región también ha estado sometida a un constante olvido institucional, tal vez por las dificultades para acceder a los distritos: curvas interminables y pasos obstaculizados por los "huaicos" (derrumbes).
Sin embargo, la región, a unos 500 kilómetros de Lima, tiene potencialidades: sus sabrosas papas nativas han despertado el interés de algunos clientes de Venezuela, pero la demanda no ha podido satisfacerse por la falta de un sistema de canalización, que impide llegar más allá de una única cosecha anual.
El reciente y fugaz desembarco de AECID y una ONG en la plaza vanguardista del tranquilo distrito de Acobamba para la firma del convenio, entusiasmó a las autoridades locales, campesinos y hasta al padre Roosvelt, vicepresidente local de la Mesa de concertación contra la pobreza.
Fue bajo la atenta mirada de los vecinos, que poco a poco fueron llenando un frío auditorio, donde se firmó el convenio, fruto de dos años previos de intenso trabajo y reuniones entre representantes campesinos, autoridades locales, ONGs, compañías españolas y AECID.
Todos ellos confían en que esta novedosa iniciativa, en la que por primera vez España cofinancia con fondos privados un programa de cooperación internacional, llegue a buen puerto en 2015, año en el que debe finalizar el proyecto.
Por el momento, todas las expectativas se centran en la posibilidad de disponer de agua potable en los hogares y de contar con un sistema de regadío. “ ““3300 AAÑÑOOSS DDEE LLUUCCHHAA” ””
Aunque el programa es mucho más complejo: incluye actuaciones en el ámbito educativo, proyectos para erradicar la violencia contra las mujeres, instalación de un sistema de telecomunicaciones y capacitación de funcionarios públicos.
Para Maite Núñez, coordinadora de AECID en Perú, y el padre Roosvelt es obvio que el éxito dependerá de la propia voluntad de la población y de sus ganas de trabajar, pero también de la capacidad de desprenderse del asistencialismo que habitualmente ven en los proyectos de cooperación.
Cazadores de oro causan estragos en el Amazonas
http://feeds.univision.com – 11/06/2011.- La fiebre por el oro, intensificada por la crisis económica mundial, se ha convertido en la tragedia de la selva amazónica, enfrentada a la deforestación y a la contaminación del aire y sus fuentes de agua con toneladas de mercurio tóxico.
A medida que el precio del oro rompe récords internacionalmente al ser considerado una opción de inversión más segura, la cantidad de mineros independientes en la provincia peruana de Madre de Dios se ha expandido a 40.000. Como resultado, el aire se contamina, los árboles son talados y las grietas que surcan la superficie son tan descomunales que pueden ser detectadas desde el espacio por satélites.
El oro de este lugar comprende una quinta parte de la producción nacional peruana, unas 175 toneladas métricas que han convertido al país en el quinto productor a nivel mundial. Pero es una labor sumamente peligrosa, y además ilegal.
"Extraer una onza de oro cuesta 400 a 500 dólares y hay una rentabilidad de 1.000 dólares por onza de oro", dice el ministro del Ambiente de Perú, Antonio Brack. En apenas una década, el valor del oro se ha triplicado.
La situación se repite en decenas de países en todos los continentes —menos en Europa y la Antártida_, donde la tierra es trabajada para extraerle el oro y donde obreros empobrecidos trabajan para oportunistas inescrupulosos.
Los intentos de los gobiernos por controlar la situación han resultado fútiles.
Colombia y Ecuador han realizado operativos antiminería en el último año —militares ecuatorianos destrozaron con dinamita 67 piezas de maquinaria pesada el mes pasado_, pero una vez que las autoridades abandonan la zona, los mineros regresan. En Madre de Dios, la producción ilegal se realiza sin registro, sin regulación y en tierras públicas concedidas por funcionarios locales que a veces se enriquecen en el proceso.
A medida que la actividad crece, maquinaria pesada de marcas como Caterpillar o Volvo ha llegado a la provincia, cuyas zonas más recónditas supuestamente albergan a tribus totalmente aisladas del resto de la humanidad.
En febrero, la armada peruana destrozó con dinamita 13 dragas ilegales que estaban contaminando el río Madre de Dios asfixiando plantas y animales. Miles de obreros protestaron y bloquearon la única carretera de la zona, y por lo menos tres personas murieron baleadas por policías enviados desde Lima.
En vez de tratar de expulsar a los mineros, el gobierno decidió tratar de "formalizar" su operación, que ha devastado más de 180 kilómetros cuadrados (70 millas cuadradas) de selva en Madre de Dios.
"En la práctica no pasó nada. Intervinieron a un pequeño porcentaje de las dragas de riveras del río, que no son necesariamente las que más que afectan al medio ambiente", dijo Pavel Cartagena, un activista que recientemente regresó a la capital de Madre de Dios, Puerto Maldonado, luego de haber salido por un año debido a amenazas de muerte.
Brack dice que el operativo sirvió como advertencia para los políticos locales que se estaban beneficiando con esta actividad ilegal.
"En el 2010, el director regional de minería tenía su empresa minera, su segundo tenía, su mujer tenía, su hermana tenía, la hermana de su segundo, y todos estaban metidos, ¿tu crees que van a controlar algo?", dice Brack.
La provincia está orgullosa de su biodiversidad, y es un popular destino turístico gracias a la amplia variedad de monos, pájaros y serpientes que hacen de ella su hábitat. Pero sus tierras “ ““3300 AAÑÑOOSS DDEE LLUUCCHHAA” ””
lucen desgarradas por cuajos, abiertos por obreros mineros que utilizan mangueras de alta presión para extirpar los minerales del suelo.
Y eso no es todo. Para sacar las partículas de oro, que suelen ser del tamaño de un grano de arena, usan mercurio, porque es la manera más fácil y económica. La sustancia se filtra en el subsuelo, contaminando el aire y el agua, envenenando paulatinamente a los habitantes, las plantas, los animales y los peces, según estudios científicos.
La mayoría de los obreros son inmigrantes paupérrimos de otras provincias. Su llegada ha duplicado la población local desde la década de 1990. Algunos son delincuentes, otros son menores de edad vendidos por sus padres, dice Feliciano Coila, un abogado que trabaja para los servicios de protección infantil del estado.
Los más ambiciosos ansían vender suficiente oro para pasar de ser peón a subcontratista, con lo que pueden reunir una cuadrilla, comprar maquinaria y comprar una parcela.
"Cincuenta gramos (2.200 dólares en oro) mínimo necesitas para que te inviten a entrar al campo", dice Miguel Herrera, un organizador de los mineros. Los recién llegados en promedio acumulan un gramo de oro por día, por un valor actual de más de 40 dólares, una cuantiosa suma para los trabajadores de las zonas rurales andinas, que ganan en promedio tres dólares por día.
La mayoría de los mineros viven en ciudadelas improvisadas en medio de la jungla.
Una de las más establecidas es la llamada Delta 1, ubicada cerca del río Puquiri. Allí se llega cruzando el río Inambari en canoa, atravesando un camino de tierra adyacente a una arenosa banca fluvial que luce desolada por la actividad minera. Ahí viven aproximadamente 6.500 personas, sin agua corriente, electricidad, desagües ni policías, pero abundantes tiendas de maquinaria, abastos y burdeles.
Un poblado más antiguo, Huepetuhe, está flanqueado por montañas de desechos mineros que afean aún más el panorama de esta área de unos 2 kilómetros (1,2 millas) de ancho y casi 20 kilómetros (más de 10 millas) de largo.
Huepetuhe, fundada en los años 1980, tiene agua corriente desde hace apenas unos meses, pero siempre tuvo dos calles plenas de prostíbulos, que están situados frente a un extenso relave de barro ocre proveniente de las minas adyacentes.
Otras localidades de la zona —en su mayoría lugares anárquicos que ni siquiera tienen nombre— se han establecido a lo largo de la Carretera Interoceánica que comunica a Puerto Maldonado, la capital provincial, con el resto de Perú. Cuando quede completada este año, la carretera vinculará la costa Pacífica con el vecino Brasil, y atraerá aun más cazadores de fortuna.
El trabajador social Oscar Guadalupe, cuya organización, Huarayo, administra albergues para niños mineros y chicas adolescentes que caen en la prostitución, calcula que unas 2.000 jóvenes trabajan en los "prostibares" y que una tercera parte de ellas son adolescentes.
Día y noche, están encendidos los sopletes de los trabajadores que reparan las máquinas averiadas por la intensa actividad minera.
Muchos mineros dicen que les encantaría poder pagar impuestos para obtener servicios públicos a cambio. "Es mejor pagarle al estado que seguir sufriendo de este abuso y esta inseguridad", dice Leoncio Jordán Paiba, un minero de 39 años y padre de cuatro niños.
Dice que recolecta 12 gramos de oro diarios, pero tiene que pagarle 20 gramos semanales al titular de la propiedad y pagarle también a los indígenas amaraukiri locales.
"Ellos dicen 'este terreno es de nosotros'. Vienen con armas de frente", dijo Jordán. "Si no les pagas, hacen daño a tu equipo. Ellos han tirado motores al barro".
Mientras habla, tres hombres bañan con una manguera las paredes de un cráter hasta que una pared colapsa casi enterrándolos vivos. Los obreros se alejan por unos minutos, pero luego vuelven a trabajar.
Un derrumbe parecido acabó con la vida de otro obrero. Sus jefes depositaron el cuerpo en Delta 1, y amigos del difunto armaron un ataúd de madera, lo pintaron de negro y lo dejaron en la plaza céntrica del poblado. Encendieron velas para el velorio y se emborracharon con un licor rudimentario.
DREMH, la agencia minera regional, ha entregado permisos para tierras adyacentes a parques naturales y a tribus indígenas, y sin la aprobación de las autoridades ambientales. Entretanto, el estado de Madre de Dios recibió menos de 20.000 dólares de beneficios fiscales por minería el año pasado. “ ““3300 AAÑÑOOSS DDEE LLUUCCHHAA” ””
Un inspector del DREMH, Manuel Campo, dice que con frecuencia se le niega acceso a los campamentos de mineros a pesar de que están en terrenos públicos.
"Viene la turba y ya no se puede hacer nada", se quejó.
En uno de los campamentos, Ronny Calcina disfrutaba de un descanso en su jornada. Tras 18 meses de trabajo extenuante, el hombre de 34 años, oriundo de la empobrecida provincia de Puno, dice que está listo para volver a recoger papas en la finca de su familia.
Pensaba que ganaría mucho más dinero, confiesa. Además, su esposa y su hijo de 3 años, ambos residentes de Delta 1, se la pasan enfermos. Todos han sufrido de malaria.
Calcina se preocupa por la posibilidad de quedar envenenado por el mercurio que usa para extraer el oro. Los locales queman más mercurio frente a las tiendas que compran el oro, de las cuales una media docena se sitúan frente al mercado principal de Puerto Maldonado.
"Este es un lugar donde la mayoría de la gente va de compras, come, trabaja. Este es el centro de la actividad en Puerto Maldonado", dice Luis Fernández, un científico de la Universidad de Stanford que ha estudiado los efectos del mercurio.
Los niveles de mercurio que detectó dentro de esas tiendas son 20 a 40 veces mayores que los niveles permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Afuera de las tiendas, son de 10 a 20 veces mayores.
"Todos están expuestos en ese lugar", dice Fernández. "La gente que trabaja en esas tiendas están siendo expuestas a enormes cantidades de mercurio todos los días".
La ONU está entre varias organizaciones que tratan de educar a los empresarios para que estén al tanto de los riesgos y acepten usar mejores tecnologías. Sin embargo, Perú sigue siendo el principal importador de mercurio de Sudamérica y la venta no es regulada.
El problema de la minería ilegal en Perú podría aliviarse si la venta de oro fuera regulada, pero carece de normas desde 1991, cuando el gobierno, en medio de una ola de privatizaciones, cerró el único banco estatal autorizado para la compra de oro.
Las leyes peruanas estipulan que todo comprador de oro debe tener documentos que certifiquen que la minería es legal. La ley, sin embargo, es ampliamente ignorada y no hay un sistema establecido para hacerle seguimiento al mineral. Por ello es imposible, por ejemplo, saber a ciencia cierta si un anillo o un brazalete comprado en Nueva York o París fue producido con mercurio.
En febrero del año pasado, el gobierno decretó que toda la minería informal en Madre de Dios debe ser regulada y sujeta a impuestos. Miles de empresarios respondieron con protestas, impidiendo el paso en la Carretera Panamericana. Algunos arrojaron dinamita hacia los policías, que respondieron con balas y mataron a seis manifestantes.
El decreto fue suspendido, pero la prensa peruana preguntó por qué el gobierno no castiga a las empresas que están comprando oro sin certificar su procedencia, como pide la ley. El director de minas del Ministerio de Energía y Minas de Perú, Víctor Vargas, dijo que las autoridades están investigando.
"Se mencionan varios nombres, pero estamos juntando documentos probatorios", dijo Vargas al diario El Comercio.
Más de un año después, ante el pedido de Associated Press de que identifique a los responsables, Vargas vaciló.
"Mire, cuando eso sea oficial, el ministerio lo va hacer. Yo no puedo adelantar en tanto esto se siga trabajando. No puedo adelantar opinión", dijo.
EMPRESAS DE AGUA
Analizan propuesta sobre declaratoria de emergencia sanitaria en Piura
http://www.rpp.com.pe – 10/06/2011.- Ante el constante colapso de las redes de alcantarillado, en la ciudad de Piura, debido a la ejecución de obras de saneamiento y a las restricciones en el servicio de agua, sin previa comunicación, se analiza la posibilidad de declarar en emergencia sanitaria a la provincia, así lo declaró el director ejecutivo de salud
ambiental, Edi Leiva, reiterando lo manifestado, días atrás, por el director regional de salud, Héctor Rodríguez.
Este panorama, ha traído como consecuencia el incremento en un 20% de enfermedades oculares y dermatológicas, así como respiratorias, sin embargo, estos últimos casos son normales en la estación de invierno, precisó Leiva Villalonga.
También, se registra incremento en casos de enfermedades digestivas, por eso se recomienda lavarse las manos constantemente, evitar que los niños jueguen en lugares donde se registró la presencia de aguas servidas, tapar bien los recipientes con agua, lavar los alimentos y evitar comer en lugares ambulatorios, de preferencia en sitios formales.
El director de salud ambiental, refirió que hasta el mes de abril la EPS – Grau, les informaba sobre los lugares donde se tendría la restricción del servicio de agua, sin embargo, desde esa fecha hacia adelante no se realizaron otras comunicaciones.
HIDROMUNDO
La estatal eléctrica Urrá intenta ampliar su presencia en el departamento de Córdoba, cuyos indígenas se oponen a cualquier nueva construcción
Colombia también tiene su HidroAysén
Americaeconomica.com – 10/06/2011.- De nuevo, la polémica en torno a la construcción de presas, para proveer de electricidad el crecimiento de la sociedad, surge en un país de Sudamérica. En este caso, Colombia, cuya empresa estatal hidroeléctrica, Urrá, mantiene un contencioso con los indígenas del departamento de Córdoba, cuyas tierras fueron anegadas para levantar una presa. La razón del conflicto está en que el Consejo de Estado se encuentra en estos momentos revisando un proyecto con el que Urrá desea ampliar su presencia en la zona, lo que ha generado la oposición de los indígenas. Colombia ya tiene su HidroAysén.
El presidente colombiano, José Manuel Santos, se ha mostrado desde el inicio de su mandato muy a favor de convertir a Colombia en un país que genere suficiente energía para autoabastecerse y también para poder obtener ingresos con su venta a otros países de la zona. De ahí que Urrá busque ampliar su proyecto para generar más electricidad.
El embalse de Urrá I comenzó a operar en el año 2000, y los indígenas de la zona, la comunidad embera, denuncian que el impacto sobre su forma de vida y sobre su tierra ha sido devastador. Al levantarse la central fueron inundadas 7.780 hectáreas, de las que 417 formaban parte del lugar donde habitan los embera, en el Parque Nacional Paramillo, lo que provocó que 589 familias campesinas tuvieron que ser realojadas ya que su lugar de vida fue ocupado por las aguas.
Urrá I otorga a Colombia el 2% de su electricidad total. Sin embargo, el impacto sobre la fauna, flora y comunidades humanas ha sido muy acusado. Desde entonces la empresa se ha esforzado en poner en marcha planes para contentar a los indígenas, desde cursos de formación a la implementación de sistemas de transporte o cuidado de las especies que habitan la zona, lo que no ha evitado que la Corte Constitucional obligara a la empresa estatal a indemnizar a 4.735 indígenas que sufrieron las consecuencias de su puesta en marcha.
Ahora, el hecho de que la estatal quiera poner en marcha el proyecto Río Sinú, o Urrá II ha disparado las alarmas entre los indígenas, que se oponen a ello. El Ministerio de Medio Ambiente ya había dicho no al proyecto, que inundaría 53.000 hectáreas, pero el Consejo de Estado se encuentra actualmente revisando dicha decisión. “ ““3300 AAÑÑOOSS DDEE LLUUCCHHAA” ”” “ ““3300 AAÑÑOOSS DDEE LLUUCCHHAA” ””
Y es que Sudamérica vive en estos momentos un fuerte proceso de crecimiento que está creando tensiones acusadas en el plano medioambiental. Chile y Brasil, auténticos motores del cambio económico en la región, son dos ejemplos paradigmáticos del difícil equilibrio que reina entre la protección de la naturaleza, objetivo deseable y sancionado en diversos tratados internacionales, y las exigencias energéticas cada vez mayores que el crecimiento de sus sociedades requiere.
Así, ambas naciones se enfrentan a ecologistas y ciudadanos por la construcción de sendas presas, una en el Amazonas y otra en la Patagonia, que sus gobiernos defienden como absolutamente necesarias para surtir de electricidad a los países. Algo que puede ocurrir también en Colombia.
HIDROALERTA
Bolivia teme inundaciones por represas en Amazonas de Brasil
Reuters – 10/06/2011.- Bolivia teme que las gigantescas represas Jirau y San Antonio que Brasil construye en la Amazonía provoquen inundaciones y causen daños en la economía y salud de poblaciones indígenas bolivianas, dijo el viernes el vicecanciller Juan Carlos Aldurralde.
El funcionario dijo en un seminario que el Gobierno de Bolivia no estaba plenamente satisfecho con los informes elaborados por Brasil en defensa de esas obras hidroeléctricas, que entrarán en operación entre el 2012 y el 2013, y que esperaba más aclaraciones y garantías en futuras conversaciones.
"En Bolivia estamos muy preocupados por los posibles impactos que tendrán las represas brasileñas, especialmente la de Jiraú (...), por ello es necesario trabajar conjuntamente estos temas con Brasil", dijo Aldurralde a reporteros durante el seminario en el que se presentaron varios proyectos energéticos brasileños.
Aldurralde dijo que Bolivia ha establecido que las represas Jirau y San Antonio -ambas en la cuenca del río Madeira que a su vez es un importante afluente del Amazonas- provocarán extensas inundaciones y alteraciones en el flujo de agua que incluso inviabilizarían otros proyectos hidroléctricos en territorio boliviano.
El Gobierno izquierdista de Evo Morales ha anunciado recientemente que está a punto de concluir el diseño de un gran represa en Cachuela Esperanza y otra en la región de El Bala, en la cuenca amazónica boliviana, que sumarían un potencial de generación eléctrica de hasta 5.000 megavatios.
Entre los daños ambientales que ocasionarían las represas brasileñas, Aldurralde citó inundación de bosques y áreas agrícolas, disminución de especies acuáticas, impacto en la salud de la población, pérdida de vegetación y migración de poblaciones indígenas y campesinas.
Al respecto, el primer secretario de la embajada de Brasil en Bolivia, Ruy Ciarlini, dijo a Reuters que tenían "datos científicos que nos muestran que no existe ningún riesgo".
"Como Gobierno estamos abiertos al diálogo con Bolivia para que se informe de esto y que quede todo muy tranquilo, porque no hay ningún porcentaje de riesgo de inundaciones en el sector boliviano", agregó.
La represas de Santo Antonio y Jirau tendrán una capacidad instalada combinada de aproximadamente unos 6.450 megavatios y son parte del programa de inversión en infraestructura de la presidente Dilma Rousseff.
Ambos proyectos son vistos como fundamentales para satisfacer la creciente demanda de energía en la mayor economía de Latinoamérica.
“Defender el Agua es Defender la Vida”
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